Durante los últimos días las disidencias de este grupo han generado zozobra en el Tolima y todo el territorio nacional.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le envió una carta al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que insiste en la convocatoria de carácter extraordinario y presencial de una sesión de la ‘Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas’ (Ciprat), con el objetivo de que sea abordada la grave situación de riesgo y amenaza a la que están expuestas las comunidades de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y Guachené, en el norte del Cauca.
“Los riesgos se han ido materializando en hechos vulneratorios de derechos, conductas que hemos venido dando a conocer en seis de nuestras Alertas Tempranas emitidas en los últimos tres años y sus posteriores oficios de consumación”, asegura Camargo Assis.
En 2023 la Defensoría emitió para el norte del departamento tres Alertas Tempranas. El denominador común del factor generador de riesgo fue el afianzamiento de las estructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas, que posiblemente se viene dando por la ventana de oportunidad que les dio el cese al fuego bilateral entre el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional.
“En la actualidad, los ataques y afectaciones de los grupos armados ilegales parecen estar dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que no permita la presencia estatal, especialmente de la fuerza pública en zonas rurales”, añade el Defensor del Pueblo.
Reclutamiento forzado y efectos de la suspensión del cese al fuego
En lo que va del 2024 han sido registrados 23 casos de reclutamiento forzado en todo el Cauca, y al menos nueve de ellos en el norte del departamento. En el 2023 fueron reportados 153 niños, niñas y adolescentes indígenas reclutados o con amenaza de reclutamiento en la zona norte, de los 235 casos en todo el Cauca.
“También es importante tener en cuenta los efectos de la suspensión del cese al fuego, toda vez que es posible que se incremente la instalación de campos minados, homicidios, reclutamiento forzado, una mayor instrumentación de la población civil para que los actores armados al margen de la ley puedan evadir la misión en terreno de la fuerza pública”, alerta Carlos Camargo Assis.
Liderazgos sociales, en alto riesgo, e instrumentalización de la población civil
Durante el 2024 la Defensoría ha registrado el homicidio de al menos cinco lideresas y líderes sociales. El caso más reciente fue el 22 de marzo, cuando fue asesinado Álvaro Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Ortega, del municipio de Cajibío.
“Así mismo, los grupos armados ilegales vienen utilizando las asonadas como estrategia para seguir delinquiendo, aprovechan el control y coerción que ejercen sobre las comunidades, suplantando no solo funciones propias del Estado, sino desplazando la gobernanza comunitaria”, señala el Defensor del Pueblo.
Igualmente, advierte que las comunidades vienen siendo utilizadas como escudos por el EMC, cuando los diferentes frentes dan la orden de expulsar a la fuerza pública, amenazando a la población civil con posibles multas, desplazamientos forzados y hasta homicidios si se niegan a obedecer.